Leyes Teleasistencia

La nueva norma UNE de teleasistencia apuesta por la tecnología, la calidad y la accesibilidad

El subcomité técnico encargado de la actualización de la norma UNE de teleasistencia lleva desde 2015 elaborando una nueva norma UNE 158 de Teleasistencia.


El subcomité técnico encargado de la actualización de la norma UNE de teleasistencia lleva desde 2015 elaborando una nueva norma UNE 158 de Teleasistencia.

Este subcomité técnico está coordinado por la Asociación Española de Normalización UNE y cuentan con la representación de diferentes administraciones públicas estatales como el IMSERSO y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAT. También cuenta con la colaboración de administraciones autonómicas como la Junta de Castilla La Mancha o la Junta de Andalucía y de ámbito local o provincial como la Diputació de Barcelona o el Ayuntamiento de Barcelona.

La participación en las reuniones de administraciones autonómicas y locales ha permitido que aporten su conocimiento derivado de tener una gran experiencia en la prestación del servicio de teleasistencia.

También han participado en las reuniones la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) y las empresas y entidades prestadoras del servicio y fabricantes de la tecnología utilizada como la empresa Tunstall Televida que es empresa prestadora del servicio y uno de los principales fabricantes de tecnología del sector.

El objetivo de este subcomité técnico es revisar la actual norma de calidad UNE 158401 de Teleasistencia aprobada en el 2007 y elaborar una nueva norma actualizada. Los trabajos han consistido en la actualización del modelo de prestación del servicio de teleasistencia y de los estándares de calidad, también la inclusión de los avances técnicos que se han producido en estos once años y la renovación de los protocolos de atención y asistenciales. Uno de los puntos más importantes en la inclusión de la accesibilidad universal a los servicios de teleasistencia.

La nueva norma se encuentra en fase de aprobación y muy pronto será publicada. Las empresas prestadoras del servicio tendrán un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requerimientos.


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